LA REFORMA QUE REGULARÁ EL ABORTO POR LA SALUD Y VIDA DE MUJERES Y NIÑAS ES UNA DEUDA CON LAS MUJERES

Como organizaciones ciudadanas defensoras de Derechos Humanos de mujeres y organizaciones feministas, que conformamos la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, manifestamos nuestra preocupación por los limitados avances que existen en el reconocimiento del derecho a la salud integral de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Hace más de un año, el 11 de octubre de 2016, se presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma del Art. 133 del Código Penal, para la despenalización del aborto en 4 causales. La propuesta se encuentra en la Comisión de legislación y puntos constitucionales, la cual ha recibido informes y recomendaciones de diversas instituciones, universidades, especialistas y organizaciones defensoras en derechos humanos, que en su mayoría recomiendan la aprobación de la reforma a la ley para garantizar la salud y vida de las mujeres, adolescentes y niñas. En el mes de agosto del presente año, otro grupo de legisladores introdujo una nueva propuesta de reforma, proponiendo también la despenalización.

Consideramos sumamente preocupante que todavía no se haya realizado un dictamen sobre las propuestas recibidas para su votación y su aprobación en plenario. Esta pasividad de Diputadas y Diputados no contribuye a disminuir la violencia a la que nos enfrentamos diariamente las mujeres salvadoreñas; los feminicidios, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, los crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad de género, la persecución y hostigamiento contra las defensoras de Derechos Humanos y de la tierra, la criminalización y negación del derecho a la salud de a niñas, adolescentes y mujeres, delitos y violación a Derechos Humanos que quedan en la impunidad y que como sociedad debemos denunciar a fin de parar y erradicar la naturalización de estos hechos.

  • El embarazo impuesto requiere intervención urgente de la sociedad y El Estado. Según reporte del MINSAL durante 2016, 21,477 embarazos a nivel nacional corresponden a niñas y adolescentes entre los 10-19 años de edad, de ellas 1,445 fueron niñas de 10 a 14 años. Esto implica que en promedio cada día alrededor de 59 niñas y adolescentes fueron embarazadas, una cada 24 minutos.
  • La absoluta penalización del aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres, pues si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida. Igualmente, si tiene un embarazo ectópico, es decir el embrión está alojado fuera del útero siendo inviable su vida, el personal médico no puede ofrecerle la oportunidad de interrumpir el embarazo, pues serían procesados y condenados por aborto. Según el Ministerio de Salud 63 mujeres fallecieron debido a la actual legislación.
  • 728 familias enfrentaron casos de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, en donde las mujeres han sido obligadas a padecer el síndrome del féretro (cargan un feto sin vida)

La penalización absoluta del aborto en El Salvador, genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica, no ofrecen un marco legal adecuado para valorar y resolver posibles conflictos entre el derecho del feto y los derechos constitucionales de la mujer embarazada.

Esta legislación penalizadora es la que impidió en 2013 a Beatriz interrumpir un embarazo inviable, siendo obligada a prolongarlo innecesariamente por 81 días, lo que contribuyó al debilitamiento de su estado de salud. A inicios del mes de octubre ella sufrió un accidente leve, pero por su debilitada salud no logro superarlo y murió a los 26 años. Su decisión para defender el derecho a garantizar su salud y vida, nos conmovió e hizo evidente a toda la sociedad los terribles efectos en la vida de muchas mujeres la actual legislación penalizadora del aborto. Para recordar y reflexionar sobre el aporte de la firmeza y determinación de Beatriz para defender su derecho a la salud y la vida, el próximo 1 de noviembre realizaremos actividades en homenaje a su memoria.

La legislación actual sobre el aborto, además de ser desigual, es una legislación que no garantiza Derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida y no morir por causas prevenibles, derecho a la salud y el acceso a servicios de salud reproductiva integral, derecho a que se le resguarde su confidencialidad sin ser denunciadas por que se sospeche que ha aborto, sin investigar si este ha sido espontáneo o voluntario, violando inclusive el secreto profesional.

Esto supone que El Salvador no respete acuerdos internacionales suscritos con la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicios de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”

Todo ello representa una forma de violencia institucionalizada contra las mujeres tal como lo ha señalado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas al expresar reiteradamente su preocupación por la prohibición absoluta del acceso al aborto seguro, cuando una mujer tiene su vida o su salud amenazadas o han quedado embarazadas a raíz de una violación. La prohibición absoluta del aborto, supone tortura y tratos cruel, inhumano o degradante.

POR TODO ELLO:

Exigimos a legisladores y legisladoras la inmediata aprobación de la reforma al artículo 133 del código penal, que lleva más de 12 meses en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es su responsabilidad legislar a favor de la salud y vida de las mujeres.

Cada día que ustedes postergan la aprobación de la reforma para la despenalización del aborto en 4 causales, condenan a niñas, jóvenes y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos, a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazadas y encarcelamiento hasta de 50 años en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas.

A la Corte Suprema de Justicia también hacemos un llamado para dar seguimiento a la despenalización del aborto, para que emitan a la brevedad posible una resolución, determinando plazos para su legislación.

Denunciamos en el mes de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la penalización absoluta del aborto, como una forma de violencia del Estado contra las mujeres.

 

30 de octubre de 2017.

 

NECESITAMOS UNA LEGISLACIÓN SENSATA CON LA REALIDAD DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR.

 

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