NECESITAMOS LEGISLADORES INFORMADOS Y RESPONSABLES QUE GARANTICEN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Como organizaciones ciudadanas y defensoras de Derechos Humanos, que conformamos la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, manifestamos nuestra más profunda preocupación por los limitados avances que existen en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, principalmente ante la legislación que penaliza el aborto de manera absoluta, lo que constituye una violación sistemática a los Derechos Humanos las niñas, adolescentes y mujeres poniendo en riesgo innecesario su salud y su vida.
Recientemente se han dado a conocer datos importantes que evidencian la situación que niñas y adolescentes enfrentan en relación a su Salud Sexual y Reproductiva; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dio a conocer el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, reveló que 25,000 niñas y adolescentes han estado embarazadas; es decir, cada 21 minutos, un embarazo en niñas o adolescentes, el 30% de partos en el país. Asimismo, 69 niñas y adolescentes al día son madres sin tener el desarrollo físico, psíquico ni emocional para afrontarlo. De ellas 1,444 son niñas entre 10 y 14 años, estos casos son producto de violación o abuso sexual, delitos contemplados en nuestra legislación.
Esta situación demuestra el contexto actual de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres en el país, la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes son producto de agresiones sexuales, embarazos impuestos, maternidades forzadas que afectan su salud y su vida, limitando sus posibilidades de desarrollo y poniendo graves obstáculos para la construcción de su proyecto de vida.
Por otro lado, se continúa criminalizando a las mujeres violando su derecho a la presunción de inocencia; recientemente hemos presenciado el caso de la estudiante del Instituto Nacional “Damián Villacorta” de Santa Tecla, clara evidencia del manejo irresponsable de algunos “medios de comunicación”, sectores que condenan a la joven, sin cuestionar las circunstancias, el abuso sexual que evidentemente está presente en el caso y las implicaciones en la salud y en la vida de la joven. Este caso, ejemplifica una realidad a la que mujeres en edad reproductiva están expuestas y que puede poner en riesgo su salud.
Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de contar con una legislación coherente y comprometida con la salud y vida de las mujeres y no legislaciones sordas y ciegas ante la dura realidad que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres debido a la carencia de educación integral sexual y reproductiva, al encarecimiento y falta de acceso a métodos anticonceptivos y de control prenatal y sobre todo que no contribuya a la idea que esta violencia es algo natural.
Esta realidad pareciera que es ignorada por algunos integrantes de la fracción de ARENA quienes han presentado una ley que busca la pena de muerte para las mujeres acusadas por delitos relacionados con aborto. Esta medida nos parece altamente irresponsable y misógina, que demuestra una falta de empatía con la población vulnerable de este país.
POR TODO ELLO:
Exigimos a legisladores y legisladoras El RETIRO DE LA PIEZA DE CORRESPONDIENCIA PRESENTADA POR ARENA, QUE BUSCA AUMENTAR PENAS POR ABORTO A 50 AÑOS DE CÁRCEL.
Llamamos a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a informarse sobre las causas y circunstancias que llevan a las mujeres y al personal médico a optar por la realización de un aborto, para poder comprender esta realidad y legislar de forma informada y apegada a derecho.
Existen múltiples experiencias en la legislación latinoamericana y mundial que pueden servir de inspiración para actualizar nuestra legislación. La Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Gineco-Obstetras de El Salvador pueden explicarles sobre las razones médicas que hacen aconsejable una interrupción del embarazo para preservar la salud o la vida de las mujeres.
Legisladores y Legisladoras, existen suficientes razones que demuestran la necesidad de impulsar reformas que promuevan la salud y vida de las mujeres, este 28 de septiembre evidenciamos las siguientes:
- Porque 50 años de cárcel por aborto no resuelve las necesidades de las mujeres que requieren interrumpir un embarazo para preservar su salud y vida.
- Porque Las niñas y adolescentes en El Salvador merecen una vida mejor que la cárcel, un embarazo forzado o de alto riesgo para su salud.
- Porque hay mujeres que mueren de cáncer con el feto adentro, porque la ley de aborto impide salvarles la vida.
- Porque necesitamos garantizar la seguridad jurídica al personal de salud para que puedan actuar frente a situaciones en las que interrumpir un embarazo (ectópico, cáncer, cardiopatías) es urgente para asegurar la salud y vida de las mujeres.
- Porque la Sala de lo Constitucional de la CSJ en su resolución 18-98 manda a la Asamblea Legislativa a regular las controversias entre la vida humana intrauterina y las derechos constitucionales de las mujeres gestantes.
- Porque según la Organización Mundial de la Salud, el 97% de países en el mundo regulan el aborto para salvar la vida de las mujeres. Sólo el 3% penalizan el aborto absolutamente, El Salvador es uno de ellos.
- Porque la ley actual de aborto, impide el principio básico de prevención de daños en el ejercicio de la medicina
- Porque la PDDH afirma que la ley que penaliza el aborto incumple convenciones internacionales en materia de derechos humanos firmadas por el Estado salvadoreño
- Porque la Comisión Interamericana de DH recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es un servicio de salud especializado y necesario, cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres
- Porque la penalización total del aborto viola el derecho a la Igualdad y no discriminación en la atención a la salud Integral y a la salud sexual y reproductiva reconocido en el art. 26 de la Ley de Igualdad y Equidad.
- Porque la Constitución de la República en su art. 65 reconoce la salud como un bien público y el Estado está obligado a velar por su conservación
- Porque la LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, en su Art. 2 garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
ALIANZA POR LA SALUD Y VIDA DE LAS MUJERES
“La salud y vida de las mujeres, sí importa”