En el marco del 25 el noviembre día internacional y nacional de la no violencia contra las mujeres, las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos denunciamos los casos de violencia contra las mujeres, cada año ocurren más de 400 feminicidios que continúan en impunidad debido a la negligencia e inoperancia de la Fiscalía General de la República para investigar y en general del sistema de justicia; según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, existe un índice de impunidad de 99.94% esto significa que solo uno de cada 100 casos recibe condena, denotando la falta de compromiso para perseguir los delitos que se comenten contra mujeres.
Denunciamos que hasta la fecha más de 500 casos de crímenes de odio contra personas LGBTI siendo la mayoría, mujeres trans y mujeres lesbianas. Un ejemplo es el caso de defensora de derechos humanos Francela Méndez. La mayoría de estos casos han sido denunciados ante la FGR y estos no han recibido ningún tipo de respuesta, sumándose a la larga lista impunidad.
El Sistema de Justicia opera de manera desigual al perseguir los delitos, un claro ejemplo es el caso de Rodrigo Chávez conocido como “el descuartizador” quien asesino y desmembró a un empleado de la Alcaldía de Santa Tecla, confesando el delito. A pesar de ello, ha gozado de beneficios penitenciarios y en la actualidad de manera impune se encuentra en libertad, mientras que en otros casos cuando las mujeres enfrentan procesos judiciales, debido a complicaciones obstétricas o abortos espontáneos, injustamente son condenadas hasta 40 años cárcel.
Tal es el caso de Teresa una mujer joven, trabajadora de maquila, que enfrentó una emergencia obstétrica, fue llevada al hospital solicitando ayuda, momento en el cual se le denuncio por aborto y se inició un proceso judicial, finalmente se le sentenció a 40 años de cárcel en base a estereotipos de género. En este caso se ha podido constatar la beligerancia con la cual la FGR ha acusado y ha contribuido a que se emitan condenas injustas para criminalizar a las mujeres.
Además, denunciamos la criminalización de nuestra compañera Sonia Sánchez, defensora de derechos humanos quien a partir de una acusación realizada por inversiones Roble, ha sido amenazada y a pesar de haber denunciado esta situación hasta hoy no se ha realizado ninguna investigación por parte de la FGR.
Recordamos al Estado que nuestra mirada y la de las organizaciones nacionales e internacionales está puesta sobre el contexto de violencia exacerbado contra las mujeres en El Salvador por los altos niveles de inoperancia, actos de corrupción e impunidad, por lo tanto demandamos.
- La ratificación de Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
- – Que se elija un nuevo o nueva Fiscal, que cuente con el perfil idóneo, que tenga un compromiso claro con la justicia y que su actuar sea desde una perspectiva de derecho humanos.
- – Que las instituciones competentes, principalmente el Ministerio de Gobernación, den cumplimiento efectivo a las leyes LEIV y LIE, sobre todo en el marco de la campaña publicitaria que una empresa de zapatos denominada “antifeminista” ha lanzado como una forma de violencia simbólica contra las mujeres.
- – Cese a la impunidad en los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI y feminicidios.
- – Que el Estado Salvadoreño asuma que la penalización absoluta del aborto constituye una forma de violencia feminicida estatal contra las mujeres
- – Que el Estado reconozca la importancia del trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos y que las agresiones cometidas contra ellas es violencia.
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Jóvenes voceras y voceros por los derechos sexuales y reproductivos
Empoderarte