La participación en la vida social y política constituye un aspecto fundamental de la cultura democrática.

La ciudadanía activa implica la posibilidad de ejercer el derecho a elegir, responsabilizarse,
comprometerse y tomar parte activa en la gestión pública del Estado.

En ese marco, las mujeres organizadas estamos conscientes de la necesidad de ejercer esta
participación activa en todos los ámbitos de la realidad, garantizando que nuestros intereses
estratégicos sean tomados en cuenta en el Plan de Gobierno del futuro Presidente de la República, lo cual implica, no solo nuestra participación como electoras sino también, el posicionamiento de nuestra
agenda de intereses, la inclusión de los mismos en la dirección y rumbo prioritario del país.

Estamos conscientes que las leyes de la república son de obligado cumplimiento para la ciudadanía y especialmente para las instituciones públicas, en tanto son instancias del Estado.

En ese sentido, tenemos la convicción, amparada hoy legítima y legalmente, que las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de definir y aplicar políticas públicas para la equidad de género, así como la promoción y garantía de derechos de las mujeres, a fin de avanzar hacia el desarrollo con igualdad y equidad entre hombres y mujeres desde su diversidad y contribuir a la superación de brechas de desigualdad.