Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Manuela y lo presento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por la violación del proceso penal que concluyo con una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en el 2008, por el sistema judicial salvadoreño.
Manuela era una mujer salvadoreña, de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir y que fue encarcelada injusta y arbitrariamente después de sufrir una emergencia obstétrica en la zona rural en la que vivía.
Tras un juicio penal cargado de irregularidades y estereotipos de género, Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado, y murió tan solo 2 años después, en 2010, por no recibir tratamiento de salud de un linfoma de Hodgkins.
La CIDH estable que ha Manuela le violaron el derecho de defensa y de la protección judicial, tomando en cuenta que nunca contó con abogado defensor durante las diligencias preliminares realizadas el 28 de febrero de 2008.
La prohibición total del aborto en El Salvador impone duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud que busca y provee, respectivamente, un servicio de salud reproductiva.
Esta penalización ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, partos extrahospitalarios, entre otras, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio.
El comunicado de la CIDH expresa que, «el Estado violó el derecho a la vida privada y el derecho a la salud, tomando en cuenta que la regulación del secreto profesional no cumplía con el requisito de legalidad de una restricción, pues no establecía con claridad en que supuestos se configuraban excepciones y en qué casos existía la obligación de denuncia por parte del médico tratante».
La Comisión recomendó medidas de reparación, para la familia de Manuela, como, compensar con medidas económicas y satisfacción para el daño inmaterial para la familia de Manuela; investigar las responsabilidades administrativas y disponer los mecanismos necesarios para evitar la repetición de las violaciones declaradas en el informe.
Esto servirá para que El Salvador asuma y cumpla con su responsabilidad internacional por no satisfacer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres .
Comunicado de Prensa de la CIDH
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/255.asp
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