Las y los representantes de más de 50 organizaciones sociales condenaron las acciones arbitrarias establecidas por el órgano legislativo el pasado 1° de mayo, por ser de carácter ilegal e inconstitucional.
“En estos momentos no se trata de defender personas concretas; se trata de defender el Estado de Derecho que garantice los derechos humanos de toda la población”, son las palabras que Sara García de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.
La acción de los diputados y diputadas que avalaron con su voto la remoción de autoridades elegidas constitucionalmente, genera inestabilidad y conflictividad en el país, reduciendo las posibilidades de desarrollo humano, económico y aumentando el riesgo de que ocurran violaciones a los derechos humanos.
Actuar sin respeto a la ley “es un retroceso en el avance que el país había logrado en la construcción de la democracia” que inició con los Acuerdos de Paz en 1992, y que lo sucedido el pasado 1° de mayo no responde a estas expectativas.
Andreu Oliva rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recalcó que son decenas de organizaciones sociales que rechazan rotundamente las acciones de la Asamblea Legislativa que ponen en riesgo la paz y el bienestar de los salvadoreños y salvadoreñas.
Las organizaciones están conscientes como representantes de la sociedad civil que el pueblo quiere cambios que profundicen la democracia y que lleven justicia social; y que no eligió a otra cúpula para que se aproveche del poder para sus intereses.
Las y los defensores presentes, exigen que debe cumplirse la sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Sala de lo Constitucional vigente, pues ésta es la que tiene el poder de decretar inconstitucionalidad.
Sara García recalcó que los salvadoreños están enfrentando una serie de cambios que son antidemocráticos que violentan derechos humanos y que no resuelven los problemas concretos del país.
Keyla Cáceres activista feminista, comentó que los mensajes sobre “limpiar la casa” escritos por el presidente Bukele en su cuenta de twitter, son de las cosas más preocupantes, estas declaraciones son parte de procesos parecidos a los que hubo en Honduras y Nicaragua, países que actualmente están sumidos en regímenes autoritarios.
“Son muy similares a este contexto que parten de separarse y aislarse de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos; las declaraciones del presidente se agudizan porque se esconde a toda la diplomacia y países aliados que están condenando estos hechos antidemocráticos”, agrega Keyla.
La activista feminista destacó la labor necesaria de los medios de comunicación de transmitir información y de evidenciar el riesgo que las personas que se pronuncian contra el régimen dictatorial no sean acosadas o vulneradas.
Economía de familias salvadoreñas en peligro a causa de la desarticulación del Estado de Derecho
Según el economista Ricardo Castaneda, los sucesos que afectan al ámbito democrático inciden directamente en la economía.
El Salvador al ser un país dolarizado depende principalmente de las remesas, exportaciones y deuda pública, “para que la dolarización se pueda mantener se debe asegurarse que no haya obstáculo para que la economía se mantenga, en especial para que puedan venir las remesas” aseguró Ricardo Castaneda, abogado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
El economista explicó durante conferencia de prensa que, si la situación política encrudece, Estados Unidos, incluso, puede tomar decisiones que impidan el envío de remesas a El Salvador, las cuales representan un 20% del Producto Interno Bruto (PIB), “las implicaciones serían muy fuertes” recalcó el especialista.
Según Castaneda frente a lo que sucede, existe la posibilidad que muchos inversionistas que tenían como opción de negocio a El Salvador, estén reconsiderando en invertir en otro país, pues aquí, las reglas del juego se han violado. Cuál sería la garantía que van a tener los inversionistas en el país si a la Sala de lo Constitucional le violentaron todo el procedimiento legal, ejemplifica Castaneda.
Además, expresó que esta falta de inversión extranjera de producción puede tener repercusiones en la escasez de productos, la cual causa un aumento a la inflación, “si no hay inversión aumenta el desempleo, aumenta la deuda, aumenta la pobreza y la desigualdad” dijo.
El economista comentó que cualquier suceso que violente el ámbito democrático tiene una repercusión directa en la esfera económica y que vulnera directamente a la población salvadoreña.
La caída de los precios de los bonos en los mercados internacionales, es un fiel reflejo que los inversionistas si han visto con mucha preocupación lo que está pasando en El Salvador.
Castaneda comentó que la ciudadanía debe entender que lo que está en juego son sus derechos.
Recientemente el Gobierno obtuvo un préstamo de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), siendo uno de los préstamo más grande otorgado por ese banco a un país de la región, también emitió $122.3 millones en Certificados de Tesoro (Cetes) que, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, servirán para pagar la deuda del Fodes.
Las familias salvadoreñas se han enfrentado al aumento de la gasolina, lo que provoca el aumento de la canasta básica y servicios básicos.
