Alberto Romero de Urbiztondo
Movimiento por una Cultura Laica en El Salvador
El reconocimiento de derechos alcanzado por el movimiento feminista y de mujeres, hace 20 años en la Conferencia Internacional de El Cairo sobre la Población y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, sentaron las bases para la definición de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y su inclusión en la agenda pública. El avance, lento pero progresivo, en su reivindicación y garantía, ha generado una fuerte reacción en los sectores más representativos del patriarcado que han visto amenazados sus mecanismos de control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres.
El patriarcado, ha utilizado tradicionalmente la manipulación de la religiosidad de la población, para imponer normas y códigos morales controladores de la sexualidad humana, asignando a la mujer un destino ligado únicamente a la maternidad. Por ello, han considerado que la difusión y el avance en el acceso real a derechos sexuales y reproductivos, como una amenaza a sus mecanismos ideológicos y sociales de control, poniendo en riesgo la sociedad patriarcal. Esto explica que las mayores resistencias para el avance de estos derechos y su garantía a través de leyes y políticas públicas, la encontramos entre las jerarquías eclesiásticas, que presentan estos derechos como si fueran un ataque a las creencias religiosas, y con el argumento de defenderlas han generado una rearticulación del activismo religioso que, sin abandonar formas tradicionales de influencia, ha desarrollado nuevas estrategias de incidencia que es importante conocer, para poder neutralizarlas.
Un primer elemento a considerar es la fuerte presencia de la religiosidad en El Salvador. La mitad de la población (50.4 %) se considera católica romana, el 38.2 % evangélica, un 2.50 % dice pertenecer a otras religiones y el 8.9 % afirma no tener ninguna religión. Sin embargo esta religiosidad es más acentuada en las mujeres, ya que mientras el 13.10 % de hombres dice no tener adscripción religiosa, solo el 5.50 % de mujeres asumen no ser religiosas.
Esto nos revela la existencia una fuerte pluralidad de pensamiento y creencias en nuestro país, aunque con una gran mayoría de ciudadanía con afiliación religiosa y por tanto proclive a ser influida por las diversas jerarquías y liderazgos eclesiásticos.
A pesar de que nuestra Constitución contempla todas las características propias de un Estado laico: el respeto a la libertad de conciencia y creencias así como su práctica individual y colectiva, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y por último la no discriminación directa o indirecta hacia seres humanos por sus creencias o convicciones o por sus opciones ni por sus comportamientos afectivos, sexuales y reproductivos, en la práctica los diversos órganos del Estado y la clase política actúan fuertemente coaccionados por el tutelaje y hegemonía ideológica que ejercen las jerarquías religiosas más influyentes. Persiste una gran influencia de la Iglesia Católica, como herencia del pasado colonial, con un auge creciente de las iglesias evangélicas, que si bien tienen menos incidencia institucional, por su gran diversidad y no disponer de estructuras tan jerarquizadas, ejercen una gran influencia social en sectores populares y clases medias, a través de su amplia red de centros de oración.
En este marco, de amplia y plural religiosidad y débil carácter laico del Estado, las instituciones religiosas son las principales sostenedoras del patriarcado y la heteronormatividad, manteniendo su doble rol de agentes de socialización y actores políticos. A la vez que no renuncian y conservan los privilegios que tienen como institución religiosa, reclaman y ejercen su derecho, por otra parte legítimo, a ser parte de la sociedad civil, participando activamente en el debate político público para la conformación de leyes y definición de políticas públicas y haciendo uso de los mecanismos que el Estado democrático proporciona. Por ello hemos visto como se ha desarrollado una progresiva “ONGización” de lo religioso.
Asistimos a lo que se ha dado en llamar secularismo estratégico, es decir la defensa de principios y normas de origen religioso a partir de estructuras ciudadanas y con argumentación explícitamente no religiosa. El discurso de los activistas religiosos para oponerse a las feministas, a los movimientos por la diversidad sexual y a los DSyDR en general y defender normas morales tradicionales, de origen religioso, se realiza sin hacer referencia a lo sagrado, a Dios o a la doctrina oficial de una iglesia, sino utilizando argumentos que, más allá de su veracidad y calidad científica o racional, son exclusivamente seculares, no religiosos.
Ante el trabajo de incidencia y movilización que realizan el movimiento de mujeres y LGTBIQ para la aprobación de leyes y políticas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de la población, estos grupos “antiderechos” han desarrollado una intensa movilización y capacidad de incidencia.
Toman de los movimientos sociales sus formas de denuncia, movilización, propaganda e incidencia y formulan sus propuestas utilizando lenguaje y conceptos de los defensores de DDHH, se autonombran defensores de ”la vida”, del derecho del “no nacido”. Se pretenden legitimar como representantes de la ciudadanía, afirmando por ejemplo, que la “mayoría del pueblo” está en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Su discurso lo basan en la interpretación que hacen de investigaciones y argumentos científico, la mayoría de veces elaborados por instituciones fundamentalistas o conservadoras, que supuestamente prueban la “ineficacia” del condón, el terrible “trauma” post aborto, que el embrión es una “persona”, que la homosexualidad es un “enfermedad” que tiene cura o que el VIH-SIDA. lo transmiten los homosexuales.
Estos grupos fundamentalistas, aunque tienen su origen en instituciones religiosas, han ido evolucionando. Inicialmente manifestaban su pertenencia religiosa especifica como una característica identitaria de la organización, después han ido interiorizando esta pertenencia religiosa y no la han manifestado públicamente, hasta llegar a des-identificarse de cualquier pertenencia religiosa y presentarse con una identidad institucional aconfesional que se expresa en la defensa de bienes, que se consideran comunes y públicos, como “la vida”, “la familia”, “la niñez”. Pero a través de los cuales promueven que es más importante la vida del embrión que la de la mujer gestante, que la única familia posible es la patriarcal y heterosexual y que los padres tienen la potestad de negar a sus hijas e hijos una educación afectiva sexual o decidir que sean adoctrinados en una religión desde la escuela.
Estos grupos han promovido su crecimiento entre la juventud, en especial la que proviene de colegios religiosos, canalizando las aspiraciones juveniles de justicia, defensa del más débil o el nacionalismo contra la injerencia extranjera, para concretarlas en una agenda civil que encuentra un sustrato en el pensamiento religioso hegemónico y en la defensa de la agenda conservadora sobre sexualidad y familia tradicional heterosexual. Igualmente, desarrollan entre las mujeres discursos que utilizando el lenguaje de defensa de sus derechos, en realidad promueven sus roles tradicionales.
En una distribución de tareas, estos grupos desarrollan el activismo, la confrontación en la calle y los medios de comunicación, como movimientos ciudadanos y con argumentaciones no explícitamente religiosas. Por su parte las jerarquías religiosas aparecen apoyando y legitimando a esta “ciudadanía”, haciendo uso de su autoridad simbólica y su capacidad de movilización institucional.
Los movimientos fundamentalistas, que se autodefinen como firmemente nacionalistas, forman parte, sin embargo, de redes internacionales dirigidas por instituciones religiosas y políticas. Los llamados movimientos “pro vida”, son las filiales nacionales de Vida Humana Internacional/Human Life International (HLI), una organización con sede en USA, dirigida por un sacerdote católico, que trabaja contra la distribución de anticoncepción, la educación sexual, el aborto y las técnicas de reproducción asistida. Desde 1998 tiene una Oficina en Roma para colaborar con el Vaticano, en especial con la Academia Pontificia para la Vida, fundada en 1994 por Karol Józef Wojtyła, que es un “tanque de pensamiento” vaticano, para estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de biomedicina y de derecho, relativos a la vida, en la relación directa que tiene con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia. Desde esta institución se elaboran los discursos argumentativos que utilizan los grupos fundamentalistas. Así mismo, es la promotora de la creación de Cátedras de Bioética en las Universidades Católicas y del Opus Dei, donde se forman muchos de los profesionales que en los hospitales y otras instituciones tendrán la decisión sobre la aprobación de un aborto, inseminación in vitro o políticas de anticoncepción.
Las organizaciones “anti derechos” de origen evangélico, también tienen fuertes vínculos con redes internacionales, en especial con la Mayoría Moral y la Nueva Derecha Cristiana de USA, creada por fundamentalistas cristianos y ultraconservadores, convirtiéndose en una fuerza política del ala más conservadora del Partido Republicano con el objetivo de apoyar las campañas electorales del Presidente Ronald Reagan y después de George Bush padre y George Bush hijo. Su agenda tiene entre sus objetivos “liderar como cristianos la batalla contra el aborto, que es un asesinato por encargo”, “oponerse a la desintegración de la familia tradicional en América” y “a la promoción de los matrimonios homosexuales”. El liderazgo evangélico más beligerante en contra de los derechos sexuales y reproductivos, está vinculado o ha sido formado, por redes evangélicas internacionales como La Alianza en Defensa de la Libertad/ Alliance Defending Freedom