La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona, realizaron el pasado 20 de abril, el Tribunal simbólico; justicia y reparación para las mujeres, para contribuir a la libertad y acceso a la justicia de las mujeres criminalizadas injustamente.
Un tribunal simbólico, es una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza algunas violaciones de derechos humanos, y evidencia la impunidad que rodea a los mismos.
Este tribunal se llevó a cabo para evidenciar la violación de Derechos Humanos de tres casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas (María Teresa, Teodora y Guadalupe), además construir argumentos jurídicos, políticos y forenses para el avance de la defensa y lucha por la libertad de las mujeres y posibilitar la reparación moral.
El Tribunal conto con un jurado que estuvo conformado por Dra. Mirna Perla, abogada y notaria, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Licda. Yolanda Guirola, abogada y notaria, miembra fundadora de CEMUJER y actual coordinadora nacional de CLADEM ES y el Lic. Josep Llácer Morell, Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustrísimo Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB). Además, estuvo conformado por los peritos y peritas, Abraham Abrego, director de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Dr. Mario Najera, médico forense de Guatemala y Licda. Angélica Rivas, abogada, especialista en género de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
El carácter del tribunal fue simbólico y restaurativo por daños morales que familias, amigos/as y las mujeres han enfrentado por la absoluta penalización del aborto en El Salvador. Se logró obtener para cada uno de los casos una resolución jurídica simbólica que ayudará a construir una conciencia social más amplia sobre las consecuencias en la vida, salud y libertad de las mujeres que han sido criminalizadas injustamente, condenadas hasta 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
El resultado del Tribunal Simbólico que construyo el jurado fue,
Que el Estado de El Salvador es responsable por no respetar y garantizar los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, así como las garantías del debido proceso.
El Estado de El Salvador es responsable por la omisión en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición.
Es urgente la necesidad de medidas de reparación a las víctimas, a sus familias y amigas/os; tomando en cuenta las peticiones escuchadas y la restitución de sus derechos.
El Estado de El Salvador es responsable por la violación al derecho a la libertad e integridad personal, en perjuicio de MARIA TERESA RIVERA, es urgente la resolución del Recurso de Habeas Corpus por parte de la Corte Suprema de Justicia presentado el año 2015, cuya sustanciación está excediendo todo plazo razonable.
Que se resuelva a la mayor brevedad el proceso de conmutación de pena de TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ, presentado ante el Ministerio de Justicia en el mes de octubre del año 2015.
El Estado Salvadoreño debe reparar moral y pecuniariamente a GUADALUPE VASQUEZ, quien estuvo 7 años en prisión por errores judiciales nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Debe establecer medidas de no repetición, que brinde atención integral a las mujeres criminalizadas injustamente y a sus familias, para restituir los derechos violentados a las mismas, se brinden programas de Rehabilitación, Satisfacción y de Indemnización compensatoria.
Reconoce la deficiencia institucional de la asistencia jurídica prestada por la Procuraduría General de la República en estos casos.
Debe reconocerse la falta de ética profesional y desprecio a la más elemental normativa deontológica del abogado defensor particular de TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ SALDAÑA por haber dejado en la más absoluta indefensión a su defendida.
Que se hace expreso reconocimiento a la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos por el pronunciamiento en favor de María Teresa Rivera, emitido en noviembre de 2015 y se reconoce a quienes han ejercido la defensa técnica a favor de María Teresa Rivera, Teodora del Carmen Vázquez y Carmen Guadalupe Vázquez Altana; así como a las asociaciones defensoras de los derechos de la mujer.