Comunicado de prensa
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local presentó esta mañana los resultados del estudio “Situación de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”. El estudio se realizó con el objetivo de contar con una aproximación a las diferentes problemáticas que enfrentan las mujeres a partir de las medidas tomadas para prevenir el contagio por COVID-19.
El estudio se basa en una muestra de 969 personas, siendo el 91 % mujeres, 8% población LGTBI y el 1% hombres. De las cuales, 65,4% se ubica en el área rural y el 34,6% en el área urbana. correspondientes a 90 municipios, de 12 departamentos del país.
Los resultados evidencian las violencias estructurales preexistentes que enfrentan las mujeres y la población LGBTIQ+, pero que con la actual emergencia se exacerban por la falta de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades de género.
En el aspecto económico, los datos muestran las condiciones de precariedad laboral y la falta de ingresos para las mujeres y población LGBTIQ+. Antes de la pandemia más del 60% se dedicaban a trabajos temporales y de cuidados, por lo que un 67 % manifestó no contar con ingresos para solventar sus necesidades alimenticias durante la pandemia y el 47% manifestó no recibir ningún tipo de ayuda.
Es decir, la crisis encuentra a las mujeres en el desempleo, sobreviviendo de diversas actividades económicas infravaloradas y donde su principal preocupación es cómo van a solventar la situación alimentaria de sus familias. El rol de las instancias públicas es indispensable.
El 61,3% de mujeres están asumiendo solas la responsabilidad de sus hijos e hijas, pero solo el 3% de ellas manifestó recibir la cuota alimenticia. Evidenciando la irresponsabilidad paterna, sin que haya por parte de las instituciones del Estado una posición o políticas al respecto.
En relación a las violencias, 27% de las mujeres encuestadas manifestó estar viviendo una situación de violencia. Datos oficiales registraron al menos 8 denuncias diarias por violencias contra las mujeres, llegando las cifras de feminicidios a superar las muertes de mujeres por COVID-19.
Al momento del estudio las mujeres expresaron miedo a responder sí estaban viviendo una situación de violencia, aludiendo que el agresor se encontraba presente.
La línea COVID implementada por la Colectiva Feminista, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos registra del 21 de marzo al 31 de julio 219 atenciones psicológicos y 189 asesorias legales por diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
También, el acceso a servicios de salud se vio interrumpido. Pese a que un 40.7% manifiesta no tener una buena condición de salud, entre estos, un 22% padece enfermedades crónicas, no han podido seguir sus tratamientos, el motivo principal es el miedo al contagio de COVID-19 y no saber cómo están funcionando los establecimientos de salud por la Pandemia, lo que mustra una clara violación al derecho a salud integral.
De igual forma, la defensa de los derechos humanos se ha visto afectada. Las personas encuestadas que se definen como defensoras exponen que debido a las medidas implementadas se les ha dificultado el acompañamiento a víctimas de violencia e interponer las denuncias, por miedo a ser llevadas a centros de contención.
Sobre la actuación del gobierno frente a la pandemia, 55,1% considera que está haciendo bien las cosas, un 30% califica el trabajo como regular y un 8,9% califica como malas las medidas implementadas por el GOES.
Además el
Frente a los resultados como Colectiva Feminista consideramos importante que se implementen políticas públicas focalizadas en los sectores historicamente excluidos. Como evidencian los resultados de la encuesta, el gobierno debe mejorar las coordinaciones con otros actores sociales como las alcaldías y las organizaciones que trabajamos por los Derechos Humanos.
El derecho a la salud: en el contexto de la emergencia sanitaria debe garantizarse una atención de calidad y calidez por parte del Ministerio de Salud en todos sus niveles. Es urgente fortalecer el sistema público de salud, los niveles básicos y de atención primaria, para que se atiendan las necesidades mediante planes comunitarios, que impliquen la participación ciudadana de organizaciones sociales, alcaldías y entidades colaborativas.
· El derecho a defender Derechos Humanos, investigar e informar: es obligación del Estado reconocer los aportes de las organizaciones de la sociedad civil tanto en este marco de la emergencia sanitaria, como en la búsqueda de alternativas para enfrentar los diversos problemas estructurales, desde enfoques más integrales y garantizar el derecho a defender DDHH a nivel territorial, nacional en el plano análogo y virtual. Así como garantizar la libertad de expresión y el deber y derecho de informar del gremio periodístico.
Los Derechos económicos y laborales: El Ministerio de Trabajo debe establecer medidas aplicar sanciones orientadas a compensar y reparar los impactos negativos de vulneración de derechos a las empresas y patronales que no garanticen los derechos laborales de las personas, para evitar: falta de pagos, despidos y medidas que pongan en riesgo la seguridad y vida de las trabajadoras.
Puedes ver los resultados completos en: https://colectivafeminista.org.sv/
