Las medidas de Emergencia Sanitaria tomadas en El Salvador para afrontar el COVID-19, han puesto en evidencia que vivimos múltiples situaciones críticas en nuestro sistema de salud pública, frágil y debilitado por la insuficiente asignación presupuestaria; en las economías, principalmente de sectores más empobrecidos; la sobrecarga de cuidados, que descansa sobre todo en las mujeres; la falta de protección efectiva a mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan diversas manifestaciones de violencia por razones de género y en la ausencia de garantías para el ejercicio y defensa de Derechos Humanos. Las desigualdades, discriminación y violencia que genera el sistema patriarcal es una pandemia histórica y mundial, que ha provocado más muertes que cualquier otro virus. De ahí, que el abordaje de esta pandemia implique también, cuestionar las diversas opresiones, transformar la educación, justicia y erradicar la discriminación. Partiendo de una intervención responsable tanto de los Estados, instancias internacionales y de la ciudadanía, con medidas que promuevan y faciliten la equidad e igualdad.
Reconocemos que las mujeres somos parte fundamental en la aplicación de medidas de protección y prevención del COVID-19, tanto en el ámbito de la salud como desde nuestro aporte a la economía de los cuidados y al trabajo doméstico. Nos preocupa que las medidas gubernamentales para enfrentar el COVID-19 no tienen en cuenta las variables y el impacto diferenciado por razones de género. Es preciso evidenciar que las mujeres necesitamos garantía de nuestros derechos humanos aun en contextos de emergencia.
La garantía de los Derechos Humanos frente al COVID-19 debe asegurarse para todas las personas, debe de ser un elemento fundamental en decretos y protocolos estatales, sin importar sexo, edad, género, etnia, orientación sexual, religión, identidad de género, personas que viven en condición de discapacidad u otra condición social. Vemos con preocupación el incremento de agresiones en redes sociales contra defensoras de DDHH, el hostigamiento, misoginia y deslegitimación de sus denuncias, incluso por parte de funcionarios públicos, durante este contexto de crisis.
Sabemos, por la experiencia en atención emergencias, que el hacinamiento en hogares y centros de contención, ha facilitado hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por ello, la vigilancia y apoyo social e institucional es fundamental, como lo establece la LEIV es obligación del Estado y de todas las personas velar por el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Actualmente muchos hogares enfrentan esta crisis sanitaria sin agua y otros servicios básicos, a pesar que estos son derechos humanos fundamentales, es decir, en situaciones de insalubridad, inseguridad y serias dificultades para la sostenibilidad de la vida.
El confinamiento, restricción de movilidad e inactividad económica tienen graves consecuencias para las personas, mayoritariamente mujeres (53% de la población), quienes generan sus ingresos realizando actividades en la economía informal y precaria, que por la cuarentena domiciliar no están teniendo ingresos diarios para sobrevivir. Las narrativas que califican al COVID-19 como el “único enemigo” a enfrentar, niegan y limitan las posibilidades de abordar de manera integral diversas crisis que necesitamos superar, muchas que agravan la actual pandemia tales como: la falta de agua potable, debilitamiento de los servicios públicos de salud, la precariedad laboral, entre otros. Por todo ello, demandamos garantizar:
- Los Derechos Humanos de todas las personas, es obligación de todas las autoridades cumplir con las garantías constitucionales según lo establecido en el marco de la legislación nacional, como el marco regional y universal de DDHH. Es urgente el cese de toda acción contraria a ello por parte de cuerpos de seguridad pública y privada. Bajo ninguna circunstancia las violencias y la represión deben ser la respuesta ante la crisis sanitaria.
- El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres: es deber de las instituciones públicas responsables de la atención psico-social y jurídica a mujeres que enfrentan violencia de género, establecer medidas claras para atenderlos tanto en los centros de contención, hogares, espacios públicos y privados; por medio de las unidades especializadas de atención, entre estas UNIMUJER-ODAC de la PNC y Oficinas Locales de Atención a la Violencia (OLAV). Es necesario que estas unidades estén activas y se difundan números telefónicos de atención a emergencias por los medios de comunicación.
- Los Derechos económicos y laborales: los programas de atención a la emergencia y de otorgamiento de ayuda humanitaria deben priorizar a mujeres jefas de hogar, madres solteras, adultas mayores, trabajadoras del sector de servicios de cuidados, comercio y familias con mayor precariedad socioeconómica. El Ministerio de Trabajo debe establecer medidas aplicar sanciones orientadas a compensar y reparar los impactos negativos de vulneración de derechos a las empresas y patronales que no garanticen los derechos laborales de las personas, para evitar: falta de pagos, despidos y medidas que pongan en riesgo la seguridad y vida de las trabajadoras.
- El derecho a la salud: en el contexto de la emergencia sanitaria debe garantizarse una atención de calidad y calidez por parte del Ministerio de Salud en todos sus niveles. Es urgente fortalecer el sistema público de salud, los niveles básicos y de atención primaria, para que se atiendan las necesidades mediante planes comunitarios, que impliquen la participación ciudadana de organizaciones sociales, alcaldías y entidades colaborativas. Es necesario garantizar los servicios de prevención y atención de salud sexual y reproductiva, así como aplicar en todos los casos, fichas de tamizaje sobre violencia de género a mujeres, niñas y adolescentes, garantizando la asesoría y aviso a las autoridades correspondientes.
- El derecho a la información y transparencia: las instancias gubernamentales deben garantizar el derecho de la ciudadanía a la participación, información y al ejercicio de transparencia. Se deben de utilizar mecanismos tradicionales de comunicación para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía y no solo priorizar las redes sociales.
- El derecho a defender Derechos Humanos, investigar e informar: es obligación del Estado reconocer los aportes de las organizaciones de la sociedad civil tanto en este marco de la emergencia sanitaria, como en la búsqueda de alternativas para enfrentar los diversos problemas estructurales, desde enfoques más integrales y garantizar el derecho a defender DDHH a nivel territorial, nacional en el plano análogo y virtual. Así como garantizar la libertad de expresión y el deber y derecho de informar del gremio periodístico.
Por ello, proponemos a las organizaciones sociales, defensoras de DDHH y al movimiento feminista: mantenernos activas reconociendo que hemos tenido históricamente un importante papel en nuestra sociedad, incluso en situaciones de desastres naturales. Es necesario, promover la activación y articulación de los Comités Municipales y Departamentales de Emergencia e integrarnos a ellos. Analizar y posicionarnos sobre las diversas medidas legales, de prevención y atención que tomen los diversos órganos del Estado, con una posición propositiva; pero sin renunciar al derecho a la crítica. Mantener una contraloría ciudadana activa ante la ejecución de los diversos presupuestos extraordinarios aprobados para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Acercarnos a las Alcaldías de nuestras localidades para incidir en las estrategias territoriales de superación de las crisis y exigir que se prioricen a las mujeres como parte de las poblaciones más afectadas. Mantenernos vigilantes y denunciar violaciones de DDHH, difundir los diversos mecanismos de denuncias que han establecido diferentes organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales; en especial ante casos de abuso y/o violencia sexual y violencia de género contra mujeres, adolescentes, niñas y niños. Repartamos el trabajo en casa: Promovamos y difundamos mensajes y propuestas para una organización justa y compartida del trabajo doméstico.
NOS SOLIDARIZAMOS: Con las mujeres, adolescentes, niñas y niños que en este momento están sufriendo de manera silenciosa situaciones de violencia, animándolos a que conversen con personas de su confianza y que refuercen su capacidad de decir no al acoso y al abuso sexual. Con las diferentes personas y familias que están enfrentando discriminación y vulneración de sus derechos, fortaleciendo nuestra capacidad de levantar la voz ante cualquier atropello. Con las trabajadoras y trabajadores de la salud, que en esta emergencia sanitaria enfrentan riesgos para cuidar la salud de sus pacientes y población en general. Con la sociedad salvadoreña, para que nos cuidemos, resguardemos nuestra salud quedándonos en nuestros hogares, y que aprovechemos esta oportunidad para construir nuevas formas de convivencia cotidiana basadas en el respeto y la solidaridad. Finalmente, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que aprendamos de esta experiencia, que defender el sistema de salud pública ante cualquier intento de privatizar y despojar al Estado de los bienes públicos, que son los bienes de todas y todos.
FEMINISTAS: JUNTAS Y SOLIDARIAS
