En la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe, que tuvo lugar en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013, se revisó y dio seguimiento al Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en busca de construir una agenda más allá de 2014, año establecido para dar cumplimiento a dicho Plan.
En la elaboración del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo participaron más de 800 representantes de 24 organismos regionales e internacionales y de aproximadamente 260 organizaciones no gubernamentales. Tras cuatro días de intenso debate entre jóvenes y miembros de la sociedad civil, se alcanzó un acuerdo sobre los puntos más sensibles de la agenda CIPD logrando adoptar un consenso histórico que inspirará la agenda mundial en materia de derechos humanos.
El Consenso de Montevideo propone la implementación de un nuevo modelo económico y un pacto por la convivencia, destacando la incorporación de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto se explicitó en demandas como el respeto a la orientación sexual y la identidad de género, la importancia de los servicios de salud sexual y reproductiva y el valor de la laicidad —la no inclusión de la influencia religiosa en la vida social dándose el respeto mutuo entre Iglesia y Estado gracias a la autonomía de cada parte— como principio esencial para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
El Consenso de Montevideo insta a los Estados a modificar leyes, normativas, estrategias y políticas públicas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Los gobiernos admitieron que la criminalización del aborto tiene como resultado el aumento de la mortalidad y morbilidad materna.
Durante su participación en la Conferencia, la delegación oficial salvadoreña explicitó que en el año 2010 se retiraron las reservas respecto al Programa de Acción de Cairo —reservas que había mantenido y que impedían que se revisase la legislación relativa a los derechos sexuales y reproductivos y el concepto de familia— y dijo conocer la problemática que existe en el país derivada de la penalización absoluta del aborto.
Desde la Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo +20, representada por varias organizaciones de mujeres y feministas y conformada en el año 2012 con el objetivo de incidir en que el Estado renueve los compromisos que asumió de la agenda de El Cairo, celebramos esto como un gesto de avance.
No obstante, los representantes del Estado salvadoreño añadieron que no podían comprometerse a que hubiese cambios en este aspecto. Por ello, consideramos urgente que se analicen y hagan públicas las implicaciones de la penalización absoluta del aborto para la vida de las mujeres salvadoreñas.
En sus 130 artículos, el documento también hizo un llamado a proteger los derechos de adolescentes y jóvenes, a tener control y decidir sobre su salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral y a tomar medidas para prevenir el embarazo adolescente.
La violencia de género, el matrimonio forzado, el abuso, la inversión en educación, o una mayor inclusión de niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, indígenas y poblaciones afrodescendientes, fueron otras temáticas con las que se comprometieron las 38 delegaciones que participaron en la Conferencia de Montevideo.
Consideramos imprescindible ejecutar a través de las políticas públicas la implementación de los acuerdos y que se viabilice el diálogo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para que profundicen sus compromisos manteniendo los derechos de todas las personas en el centro de la gestión pública.