21/04/15 – (PRESS RELEASE) Hoy el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local realizaron una conferencia de prensa para anunciar que el Estado salvadoreño debe dar una respuesta con respecto a su responsabilidad internacional en la muerte de una mujer conocida como “Manuela”, quien sufrió una emergencia obstétrica, fue erróneamente acusada de haber tenido un aborto, fue enviada a prisión y sentenciada a 30 años de la cárcel por homicidio agravado y murió tras las rejas unos meses después a causa de un cáncer linfático que padecía (Linfoma de Hodgkins).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, envió una carta formal al Estado Salvadoreño el día de ayer, pidiéndole que en un plazo no mayor a tres meses de una respuesta a la petición que el Centro, la Agrupación Ciudadana y la Colectiva presentaron ante la Comisión Interamericana en marzo del 2012, alegando la responsabilidad International del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos que sufrió “Manuela” debido a la total criminalización del aborto en El Salvador.
Durante más de 16 años El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos, inclusive en los casos en que el aborto es necesario para salvaguardar la vida y la salud de la mujer, imponiendo graves penas a las mujeres y los doctores que practiquen abortos hasta de 8 años. En la realidad, la prohibición se ha traducido en la detención arbitraria y criminalización de un amplio número de mujeres que han sufrido complicaciones relacionadas con el embarazo y abortos espontáneos y que son sentenciadas por homicidio agravado con penas hasta de 40 años en prisión.
Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos dijo que:
“Las mujeres embarazadas nunca deberían tener miedo a que su vida o libertad esté en riesgo por ir a un hospital buscando servicios esenciales de atención en salud, sin embargo, esa es la realidad que viven las mujeres El Salvador”
“La total criminalización del aborto en El Salvador ha llevado a que muchas mujeres inocentes mueran o sean enviadas a prisión, como le paso a Manuela”
“Celebramos el que la Comisión Interamericana haya finalmente iniciado el trámite del caso y le exija a El Salvador que dé una respuesta por las violaciones de derechos humanos que sufrió Manuela es un paso hacia la justicia para Manuela y para tantas otras mujeres que hoy siguen sufriendo el impacto de la criminalización total del aborto. Es determinante que el Estado no solo responda por las violaciones a Manuela y su familia sino que además tome los pasos necesarios para liberalizar las leyes sobre aborto”
Manuela, una mujer salvadoreña de bajos recursos socio económicos de 33 años, y quien tenía dos hijos, sufrió complicaciones en su tercer trimestre de embarazo y busco ayuda médica. Cuando llegó al hospital, los doctores la trataron como si ella hubiera cometido un crimen y llamaron inmediatamente a la policía. Ella fue sentencia de 30 años de cárcel por homicidio, sin tener una oportunidad de recibir una defensa adecuada y sin poder hablar en su propia defensa.
Después de varios meses en prisión, se descubrió que Manuela tenía un avanzado cáncer linfático – una enfermedad que pudo haber sido tratada a tiempo si el personal de salud hubiera detectado cuando ella fue a pasar consulta por lo bultos que le habían salido alrededor del cuello. Este cáncer pudo ser la causa del problema obstétrico que condujo a la pérdida de su embarazo. Manuela murió en prisión en el 2010, sin haber recibido un tratamiento adecuado.
Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico afirmó:
«Si Manuela no hubiera muerto en la cárcel, hoy sería una de Las17»
En abril de 2014, una coalición de organizaciones sociales salvadoreñas y de otros países, convocada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, puso en marcha la campaña «Las17» para pedir la liberación de «Guadalupe» y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas y posteriormente fueron declaradas responsables de homicidio. “Mirna”, una de las “Las17” mujeres fue liberada en noviembre después de haber completado la pena por la que fue sentenciada y sin la oportunidad de haber sido indultada. Actualmente, 15 de Las17 siguen detenidas pagando penas entre 30 y 40 años de cárcel y 5 mujeres más están condenadas en proceso de sentencia definitiva.
Este próximo jueves 23 de abril se llevará a cabo en la ciudad de la Unión los alegatos finales del caso de Carmelina, en un proceso que podrá sentar precedentes jurídicos en el país, porque por primera vez una Cámara Penal ha aceptado la apelación con el argumento de violación del secreto profesional.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado durante más de 12 años para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. El Centro, la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista prepararon el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias en los derechos humanos de la prohibición del aborto, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales después de sufrir emergencias obstétricas. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador no garantizan los derechos humanos de las mujeres.