Tribunal simbólico de justicia y reparación para las mujeres víctimas de la penalización del aborto en El Salvador

San Salvador, 17 de abril de 2018. “Se presenta una de las víctimas que ha sufrido daños y perjuicios tras haber sido acusada por un delito que no cometió y  que en su juzgamiento está sufriendo violaciones a sus derechos humanos y a las garantías judiciales”. Así inició la exposición de los casos de Evelyn, condenada a 30 años por homicidio agravado; Imelda, procesada por homicidio agravado tentado; y Sonia, condenada por homicidio agravado a 30 años de cárcel. Ella recuperó su libertad siete años después de la condena, luego de que la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, a través de su equipo jurídico, solicitó la revisión de sentencia.

Los casos fueron presentados ante el segundo tribunal simbólico de justicia y reparación para las mujeres víctimas de la penalización del aborto en El Salvador, organizado por la Colectiva feminista y el Colegio de abogados de Barcelona, con el apoyo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de la Universidad de El Salvador. Los jurados fueron: Yolanda Hernández Guerrero, Representante del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona; Alda Facio, quien desde 2005 forma parte del Comité Asesor para el Estudio a Profundidad de la Violencia contra las Mujeres de la ONU y Abraham Abrego, representante de Cristosal. Los abogados que presentaron los casos fueron: Dennis Muñoz, representante de Evelyn Hernández; Bertha Deleón, de Imelda Cortez; y Víctor Hugo mata, de Sonia Tabora.

El rol de peritos y peritas estuvo a cargo de Georlene Marisol Rivera López, experta en Género, representante del Comisión de Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; Moisés Ernesto Uceda, experto en Derechos Humanos y Constitucionalidad, representante de Fespad; la Dra. Victoria Ramírez, experta en Salud, representante de la Unión Médica; y Mónica Roa, experta en Derecho Internacional.

Durante el segundo tribunal se abordaron los daños morales provocados a las tres mujeres, debido a la aplicación inadecuada de garantías procesales del sistema penal salvadoreño. Los resultados aunque simbólicos, se dieron a conocer en conferencia de prensa.

Dennis Muñoz expuso el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 20 años, soltera, originaria de El Carmen, Cuscatlán, quien estudiaba segundo año de bachillerato. Ella tuvo una emergencia obstétrica por la cual fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, el 5 de julio de 2017 por el Tribunal de sentencia de Cojutepeque.

Evelyn quedó embarazada, luego de ser violada. Por miedo, nunca puso una denuncia ni contó sobre la violación a alguien. Ella creía que no estaba embarazada porque “menstruó regularmente”; sin embargo, el 6 de abril de 2016, cuando estaba en su casa, sintió fuertes dolores en el vientre, por lo que fue a la letrina. La escena donde experimentó un parto extrahospitalario fue viciada por la policía, quienes lavaron y limpiaron el cadáver del recién nacido. Así mismo, de acuerdo con el reporte histopatológico, se encontró presencia de meconio (primeras heces del bebé durante el trabajo de parto) en bronquios. Esa presencia de meconio pudo haber causado la muerte. El meconio en bronquios indica que tenía sufrimiento fetal, esto pasó dentro del útero, en el momento en que la voluntad de la mamá no tiene absolutamente ninguna incidencia, siendo el caso en particular de Evelyn.

El caso de Imelda fue presentado por Bertha Deleón. Imelda fue víctima de violencia sexual sistemática, desde que tenía 12 años, por parte del padrastro de quien quedó embarazada, según consta en su relato. Este hecho se comprobó con una prueba de ADN,  el cual confirmó que su padrastro es el agresor y padre de la recién nacida.

Imelda no sabía que estaba embarazada, esta condición se ha catalogado como un embarazo negado, el cual ha sido estudiado ampliamente y establece que la negación del embarazo es una patología  que se define como el hecho de estar encinta más de tres meses sin tener conciencia de ello. La mayoría las mujeres en esta situación se dan cuenta de su estado al cabo de unos meses (6, 7 u 8 meses), casos en que se habla de negación incompleta, parcial. Pero en otros casos, la mujer no toma conciencia de su estado hasta el final, realizándose entonces una negación completa, total. Según los hechos ocurridos, Imelda pudo haber tenido los síntomas de un embarazo negado. Ella experimentó un parto extrahospitalario el 17 de abril de 2017. Desde entonces está privada de libertad y es acusada de homicidio agravado tentado, por lo que podría ser condenada a 20 años de prisión. Imelda recién había terminado sus estudios de noveno grado, vivía en Jiquilisco, ubicado en el departamento de Usulután.  Se dedicaba a los oficios del hogar y apoyaba a su madre en las diferentes tareas domésticas.

La presentación de los casos finalizó con la exposición de Víctor Hugo Mata, quien habló de Sonia Tabora. Ella tenía 20 años cuando quedó embarazada. Sufría de una fuerte depresión por la muerte de su madre. El 19 de febrero de 2005, tuvo una complicación obstétrica por lo que fue detenida. La condenaron a 30 años por homicidio agravado sin pruebas directas, ya que nunca se realizó una autopsia para determinar si la criatura había nacido viva o muerta. Siete años después recuperó su libertad, luego de que la Agrupación ciudadana presentará un recurso de revisión de sentencia. El Tribunal no admitió la demanda de indemnización para resarcir este error judicial.

En todos los casos, el Estado ha violado el principio constitucional de la presunción de inocencia, el principio de legalidad de prueba, de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia; y otros derechos humanos contemplados en la La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y La Convención Americana, entre otros. Así mismo, se pidió la reparación moral, psicológica y económica para estas mujeres, víctimas del Estado salvadoreño y de la penalización absoluta del aborto

En la actividad se contó con la asistencia de abogadas y abogados con experticia en derechos sexuales y reproductivos, penalistas, conocedores de derecho nacional e internacional de las mujeres, quienes conocieron la situación de los derechos reproductivos, así como el impacto que tiene la penalización absoluta del aborto en las mujeres salvadoreñas.

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