Más de 100 organizaciones han firmado un comunicado donde denuncian aumento de agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos en el marco de las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño ante la la crisis global de salud provocada por la pandemia de la COVID-19.
Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de Defensoras explicó que están preocupadas por las condiciones en que las defensoras de Derechos Humanos y las periodistas están realizando su labor en el marco de la emergencia por covid 19, “Lamentamos que en este marco se hayan exacerbado los niveles de estigmatización de la labor de defensa de DDHH, que haya poca tolerancia por parte del Ejecutivo sobre todo, y de representantes del Gobierno hacia la crítica proveniente de periodistas que hacen una labor importante con el periodismo de investigación y algunas declaraciones contrarias a la defensa de derechos” expresó.
Además, considera que las defensoras de DDHH históricamente han hecho una labor crítica, y no una crítica negativa, sino constructiva para que el Estado pueda enmendar su camino y buscar el beneficio de la ciudadanía “lamentablemente se han vulnerado una serie de DDHH en el marco de la pandemia, como el caso de las personas que han estado en centros de contención, donde al inicio hubo falta de protocolos para atender situaciones particulares de las mujeres, y también de la población LGBTI, personas trans eran ubicadas en los espacios según su DUI y no donde correspondía de acuerdo con su identidad de género”.
De acuerdo al comunicado emitido por las organizaciones, se han incrementado de manera notable las agresiones, en especial, aquellas cometidas en el ámbito digital. “Esto ha generado un entorno violento y hostil para las defensoras y ha dificultado la labor que desempeñan”.
Según datos del Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras tras las medidas tomadas en el contexto de la COVID-19 existe un incremento de las expresiones y posiciones gubernamentales que ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a aquellas con presencia en medios y redes sociales.
“Durante el gobierno de Nayib Bukele ha sido notable el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta principal para transmitir información institucional. El presidente también se ha valido de los medios digitales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluyendo mensajes que desacreditan a organizaciones de derechos humanos y el uso de lenguaje misógino”
De acuerdo con información del comunicado es especialmente preocupante el incremento de la violencia de género en el espacio digital y son las defensoras de derechos humanos y periodistas (principalmente aquellas que han denunciado de manera pública presuntas irregularidades o desacuerdos en la gestión gubernamental de la crisis). Además, han expresado ser el blanco de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género. Cabe destacar, en algunos casos los mensajes provienen de cuentas de redes sociales de funcionarios públicos, personas cercanas al gobierno actual o al partido oficial.
También la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el 3 de mayo su informe trimestral en el que da cuenta de 54 casos de vulneraciones a la libertad de prensa. Dicho informe indica que 39 de estas situaciones ocurrieron durante la emergencia de marzo-mayo y que al menos 9 de ellas fueron cometidas contra mujeres, identificándose entre las agresiones restricciones al quehacer periodístico, ataques digitales y bloqueos a la información pública.
Otras de las violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos. Las mujeres defensoras no han sido ajenas a estas formas de violencia y desde la Red Salvadoreña de Defensoras se han documentado casos como el de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, dos defensoras detenidas y acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas.
El papel fundamental que han venido desarrollado las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos y las garantías constitucionales en el país cobra especial importancia en el marco de la actual pandemia.
Por ello, las organizaciones exigen a las autoridades salvadoreñas que, de forma inmediata, adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de derechos y el respeto de las garantías constitucionales y de derecho internacional. Adicionalmente, y atendiendo a la importancia del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, solicitan al Presidente y a funcionarios del Ejecutivo, que se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres.
El comunicado acompañado por más de 100 organizaciones también le exigen Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Policía Nacional Civil (PNC) y por último hacen un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos que se mantengan vigilantes frente a este tipo de hechos y respondan frente a las graves vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador.
Para más información en: http://im-defensoras.org/es/ (Alertas por los casos de Montserrat Arévalo, Movimiento de mujeres eco-feministas de El Salvador, Camila Portillo, Bertha María DeLeón, Yaneth Estrada y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto)