Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres 25 de noviembre de 2014

La Concertación Feminista “Prudencia Ayala”, en el marco del Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, recordamos a las hermanas Mirabal como símbolo de la acción para la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los países del mundo y a miles de mujeres que han muerto producto de la misoginia en El Salvador. Ante esto, las instancias del Estado tienen la obligación de generar condiciones encaminadas a construir una convivencia que permita a las mujeres desenvolverse en un ambiente seguro donde puedan expresarse y desarrollarse en plena libertad.

 

Reconocemos que un avance importante ha sido la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (marzo, 2011) y de la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (en noviembre de 2010), que entró en vigencia en enero de 2012. Estas leyes son producto de iniciativas impulsadas por las mujeres salvadoreñas organizadas que tienen como objetivo colocar los derechos de las mujeres como una prioridad nacional, y han dado como resultado la adopción de políticas públicas como: la Política Nacional  para acceso de una vida libre de violencia para las mujeres, el plan nacional de igualdad y la generación de mecanismos nacionales que para fortalecer la implementación de los instrumentos, como son: La Comisión Técnica Especializada y el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva.

 

En el marco de la normativa vigente se reconocen nuevas vulneraciones de los derechos de las mujeres y los tipos penales a aplicar, como: la violencia simbólica, la discriminación y el feminicidio.

El informe “Estudio de población de violencia de género en El Salvador”, realizado por la Universidad tecnológica de El Salvador, señala que el 26.2% de las mujeres salvadoreñas encuestadas manifiestan que han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, en algún momento de su vida. Según el referido informe, un 18.4% de las mujeres manifestó haber sido víctima de la violencia emocional en los últimos 12 meses, y un 19.9% de haber sufrido control por parte de su pareja y señala además, que los índices más altos de violencia se han manifestado en Sonsonate con una prevalencia  del 48%, La Libertad  con un 44.9% y San Vicente con un 44.7%.

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la REDFEM, con base a datos de la PNC, indica que en el año 2013 se reportaron 215 feminicidios y 173 en el período de enero a julio del año 2014, lo que proyecta un aumento en el número de feminicidios en el 2014, con respecto al año anterior. Además en el mismo periodo, se registran 1,695 denuncias por violencia intrafamiliar y 1,330denuncias por diferentes delitos contra la libertad sexual.

 

La Procuraduría General de la República (PGR), en su informe presentado el 11 de noviembre del presente año, reporta que 1408 mujeres iniciaron procesos, de las cuales: 1216 denunciaron violencia sicológica; 514 violencia patrimonial; 543 violencia económica; 327 violencia sexual; 545 violencia física y 40 violencia simbólica.

 

Es importante denunciar que el alto índice de embarazos en niñas y adolescentes es producto de la violencia que viven cotidianamente, que es vista como normal por las instituciones, lo que permite la impunidad en estos casos.

 

Además, denunciamos que el actual Código Penal y Procesal Penal criminaliza todo tipo de aborto, incluso cuando la vida y la salud de las mujeres gestantes está en riesgo,  si los embarazos son productos de violaciones o cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina; profundizando la desigualdad y vulnerando los derechos de mujeres que viven en situación de pobreza y en zonas alejadas de centros de atención médica cuando enfrentan una complicación obstétrica.

Es importante no olvidar que la criminalización de las mujeres y la penalización absoluta del aborto constituyen una forma de violencia estatal contra las mujeres, habiendo sido procesadas según Amnistía Internacional 129 mujeres en el periodo 2000- 2011, de las cuales 26 están sufriendo condenas hasta por 40 años de prisión.

En la actualidad, organizaciones sociales han solicitado indultos para 17 mujeres injustamente encarceladas, la petición de indultos de LAS17 es el reflejo de la violación de derechos reproductivos que se viven en el país y pone en evidencia que no se ha respondido positivamente a numerosas recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de revisar la legislación penal en materia de aborto, así como la necesidad de superar la violencia de Estado que significa encarcelar a mujeres desde las salas de emergencia hospitalaria.

Desde la organizaciones feministas y de mujeres seguimos observando con preocupación la saña con la cual se ejecutan estos hechos de violencia y el sufrimiento causado a las víctimas, lo que evidencia las prácticas sociales que desvalorizan la vida de las mujeres y las restricciones al ejercicio de sus derechos, a través del odio expresado sobre sus cuerpos mediante la mutilación, desfiguración y violencia sexual, entre otras actitudes misóginas de los hombres.

 

Así como también, nos preocupa el poco interés que existe en la creación de instrumentos para la detección de hechos de violencia simbólica contra las mujeres de forma individual y como colectivo, especialmente en lo relativo a la publicidad que sigue usando a las mujeres como objetos sexuales y como personas de menor valor social.

 

Consideramos que no puede seguir permitiéndose una autorregulación a los publicistas que inciden en la cultura del país y generan una imagen desvalorizada de las mujeres, perpetuando la idea que las mujeres son propiedad de los hombres.

 

Además, es imprescindible fortalecer la institucionalidad cuando los hechos de violencia son perpetrados por servidores públicos como: diputados, jueces, policías, fiscales, entre otros; a los cuales deberá aplicárseles agravantes ya que son personas que deberían ser garantes de velar por el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

 

Lo anterior  pone de manifiesto la necesidad de que El Estado salvadoreño se comprometa en trabajar para eliminar obstáculos sexistas que promueven la impunidad mediante  la corrupción y la legitimación social de la violencia contra las mujeres.

 

Ante lo expuesto, DEMANDAMOS Y EXIGIMOS:

 

Al Estado

·        La capacitación del personal con enfoque de DD.HH de las mujeres para que faciliteactitudes género sensitivas y de compromiso con la aplicación de las leyes a favor de los derechos de las mujeres, evitando decisiones discrecionales vinculadas al imaginario social que llevan a la revictimización e impunidad.

·        El compromiso de llevar a cabo una transversalidad de género real en todas las instancias estatales, retomando en las instituciones correspondientes los mandatos de las leyes. 

·        Garantizar el Indulto de LAS17 mujeres encarceladas injustamente que enfrentan violencia por parte del Estado al ser denunciadas por aborto y procesadas por  homicidio agravado.

 

Al Ministerio de Justicia y Seguridad

·        Campañas de desarme local y nacional, pues la mayoría de crímenes contra las mujeres se cometen con armas de fuego.

·        Sensibilización al cuerpo policial para atención pronta y eficiente de casos de denuncia de violencia contra las mujeres.

·        Capacitación desde perspectivas interdisciplinarias sobre la violencia contra las mujeres al personal de las Unidades de atención integral.

·        Capacitación al personal del cuerpo policial sobre la atención a víctimas de trata.

 

Al Ministerio de Salud

·        El Ministerio de Salud debe considerar, la violencia contra las mujeres como un problema de salud, tal como lo ha expresado la Organización Mundial de la Salud -OMS-.

·        Garantizar la detección de todas las formas de violencia contra las mujeres, que afecta a las usuarias del sistema de salud, incorporándolo en sus protocolos de atención.

 

Al Órgano Legislativo

·        Que legisle para sancionar el uso de la figura de las mujeres de forma desvalorizada y como objeto sexual.

·        Que homologue las leyes nacionales en función de la protección de los derechos de las mujeres.

·        Que ratifique el protocolo facultativo de la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.

·        Que genere las condiciones y promuevan un diálogo abierto, amplio, con bases científicas y democráticas para que como sociedad salvadoreña establezcamos acuerdos que superen la violación de derechos de las mujeres que implica la actual legislación penal que prohíbe el aborto de manera absoluta

·        Revisar las leyes que penalizan absolutamente el aborto, ya que representa otra forma de discriminación y violencia para las mujeres.

·        El respeto por el Estado Laico, indispensable para hacer realidad el respeto de todos los
derechos Humanos de la población sin mezclar lo político con lo religioso.

 

Al Órgano Judicial:

·        La creación de las unidades especializadas de atención.

·        Protocolos de investigación del delito que incluya la investigación de los delitos VCM/feminicidas y de actuación judicial que garanticen la seguridad de las víctimas.

·        Presupuesto asignado para las acciones de la Política Nacional  para la Prevención y Sanción de los delitos relativos a la violencia contra las  mujeres.

·        Un fondo especial para mujeres víctimas de violencia, con asignación presupuestaria y mecanismos efectivos para lograrlo.

·        Políticas de contratación, evaluación y destitución de las y los operadores de justicia, que garanticen la atención de calidad y con calidez y la no revictimización y corrupción en su actuación.

 

Al Ministerio Público:

·        Que la Fiscalía General de la República se comprometa a perseguir los delitos de violencia contra las mujeres de forma diligente para erradicar la impunidad.

·        El  compromiso de la Procuraduría General de la República para crear los  mecanismos pertinentes en el cumplimiento de las leyes para la detección, atención, prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.

·        El compromiso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de las instituciones encargadas de la implementación de la legislación que garantice los derechos humanos de las mujeres.

 

 

San Salvador, 25 de noviembre de 2014.

You can leave a response, or trackback from your own site.
rss facebook twitter