Conferencia de prensa 29 de junio de 2023
A un año de la sentencia del caso Manuela vs El Salvador, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Centro de Derechos Reproductivos presentó sus valoraciones respecto al informe que el gobierno de El Salvador ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al cumplimiento de distintos aspectos de la sentencia de Manuela.
La conferencia de prensa fue desarrollada teniendo tres puntos destacados para llevarla a cabo: nivel de cumplimiento en las garantías de reparación para la familia, cumplimiento en cuanto a la no repetición de medidas y casos que se continúan dando en el Sistema de Salud y Sistema de Justicia.
El primer punto, fue desarrollado por Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto quien menciona que dentro de la sentencia hay aspectos relacionadas con el reconocimiento de la violación a los derechos de Manuela de los cuales se han cumplido algunos y por tanto aún no cumplen otros, es así que se reconoce que la Procuraduria General de la República y el Ministerio de Educación han publicado en sus portales correspondientes la sentencia de Manuela, sin embargo la presidencia no ha ordenado la publicación del resumen de la sentencia en el Diario Oficial para que exista constancia, asimismo, no se ha publicado la sentencia completa en un periodico de mayor circulación y, el reconocimiento público de la violación de los derechos de Manuela por parte de la presidencia en turno sigue siendo una cuestion de la cual no se sabe si se realizará o no.
Por otro lado, se reconoce que los ámbitos de atención en salud y salud psicológica han sido cumplidos de manera satisfactoria tanto para los padres de Manuela como a sus hijos, siendo prueba de ello los informes que envía el Ministerio de Salud cada tres meses detallando los procesos que llevan a cabo. Se reconoce que el Ministerio de Educación se ha comprometido en cumplir las medidas necesarias para la educación de ambos hijos de Manuela.
“Hay una pendiente, que es el reconocimiento por parte del Presidente, el pedir disculpas a la familia en un acto público esto tiene que ver con la reparación simbólica, tener una hija acusada de haber sido una asesina provoca un estigma y discriminación en el seno de las comunidades” mencionó Morena Herrera en relación a la decisión tomada por las organizaciones sociales de hacer el día 30 de junio de 2023 un acto de reconocimiento en donde se dará a conocer públicamente el nombre legal de Manuela pero, esto no quita la responsabilidad que la presidencia posee.
Como segundo punto, Catalina Martínez Coral, Directora Regional del Centro de Derechos Reproductivos, se encargó de desarrollar las valoraciones a las medidas de no repetición y destaca la regulación del secreto profesional médico, atención a emergencias obstétricas y Educación Sexual Integral; los avances son los lineamientos presentadas el 30 de noviembre del 2022 para el cumplimiento del secreto médicos pero se sugiere que estos pueden mejorarse y socializarse correctamente. También, el protocolo emitido para emergencia obstétricas carece de promoción para ser conocido y solo quedan cinco meses para que el Estado pueda protocolizar una política pública de Educación Sexual Integral,
“Nuestra mayor preocupación ante esto es que sigue existiendo falta de atención a mujeres que sufren emergencia obstétrica en el territorio nacional” resalta Catalina Martínez.
Para finalizar, se reconoce que continúa la criminalización por parte del Estado hacia las mujeres que específicamente son de zonas rurales y que no poseen recursos necesarios, las organizaciones defensoras de derechos humanos condenan esta situación enfatizando la existencia de más casos donde siguen condenando a mujeres en fechas de 23 de octubre de 2019, segundo caso el 24 de marzo de 2022, tercero el 4 de diciembre de 2022 y el último del 27 de mayo de 2023 donde ya había vigencia de los protocolos que el gobierno ha brindado presuntamente para la atención de emergencias obstétricas.
Por tanto, existe y se reconoce una carencia al cumplimiento de las medidas estipuladas por la CIDH en el caso Manuela vs El Salvador; se denuncia la repetición de casos y se exige que el gobierno del Estado salvadoreño efectúe con integridad lo estipulado en los tiempos acordados.