Comunicado de prensa
La Colectiva Feminista para el Desarrollo local y Women’s Link Worldwide presentan el informe ‘Respuesta estatal al COVID-19: sin enfoque de género. Miradas desde El Salvador’, en el que analizan 43 decretos expedidos para mitigar los efectos de la pandemia relacionados con la salud sexual y reproductiva y el acceso a la justicia.
El Salvador, 2 de diciembre de 2020. Luego de analizar 43 de los 87 decretos que expidieron durante los meses de enero a julio los poderes ejecutivo y legislativo de El Salvador para atender la pandemia de COVID-19, la Colectiva Feminista para el Desarrollo local y la organización internacional Women’s Link Worldwide presentan el estudio ‘Respuesta estatal al COVID-19: sin enfoque de género. Miradas desde El Salvador’, en el que denuncian la falta de un enfoque de derechos humanos y de género, y el incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño.
El informe, presentado en el marco de la campaña “Que el tapaboca no te calle”, cuyo objetivo es visibilizar los impactos de la pandemia en la vida de las mujeres y la situación de derechos humanos durante la emergencia del COVID-19, reveló que ningún decreto contiene disposiciones para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como las niñas y adolescentes, las migrantes, las mujeres con discapacidad, embarazadas y lactantes, adultos mayores, las que están privadas de la libertad; mujeres que viven con VIH, rurales y mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
La investigación constató, por ejemplo, que la atención ginecológica y obstétrica fue interrumpida y se suspendieron los servicios de ultrasonografía y exámenes de laboratorio. De acuerdo con cifras del Ministerio de salud, entre abril y mayo del 2020 las atenciones ginecológicas se redujeron un 80% con respecto al año 2019.
“Esto no quiere decir que las mujeres no hayan necesitado atención, sino que no se abordó de forma expresa las necesidades de las mujeres relacionadas con la salud sexual y reproductiva, como citologías, que son esenciales para prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino; controles por embarazo y atención posparto, mamografías o citas para adquirir métodos anticonceptivos”, explicó Angélica Rivas Monge, del equipo de coordinación de la Colectiva Feminista para el Desarrollo local.
Resulta preocupante la ausencia de datos oficiales sobre mortalidad materna, pues los boletines epidemiológicos únicamente contienen información estadística asociada al COVID-19.
“Dentro de las excepciones que habilitaban la circulación de las personas quedaron por fuera las necesidades de las mujeres en salud sexual y reproductiva, dejando a criterio de la policía y de los militares el que las mujeres pudieran ir o no a un centro de salud. Muchas no lograron justificar las razones por las que salían de sus casas y, por ende, no pudieron asistir a centros de salud, lo que puso en riesgo su salud y sus vidas”, explicó Rivas Monge.
Acceso a la justicia
Como sucedió en muchos lugares del mundo, durante los confinamientos obligatorios millones de mujeres quedaron encerradas con sus maltradores, y El Salvador no fue la excepción. Las autoridades no previeron el aumento del riesgo para ellas y no se establecieron canales adecuados para denunciar ni para protegerlas adecuadamente.
Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), en el 2019 se brindó atención legal, psicológica y social a 3.731 mujeres y, en el 2020, a 2.561. Esto quiere decir que durante el periodo de confinamiento (marzo a junio) las atenciones se redujeron en un 56%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En el mismo sentido, la Fiscalía también proporcionó datos en los que evidencia una disminución en las denuncias por casos de hechos de violencia contra la mujer, pero negó el acceso a información sobre el vínculo entre los agresores y las mujeres víctimas, aduciendo que no tiene esa información.
Adicionalmente, preocupa el hecho de que en un país en el que en el 2020, según Fiscalía, se han presentado 223 feminicidios, 3.172 casos de violencia sexual, y 4.173 de violencia física contra las mujeres, una institución como la Fiscalía no cuente con lineamientos y protocolos, planes y estrategias implementados para brindar servicios a las mujeres que enfrentan violencia durante la emergencia causada por el COVID-19.
“Los datos presentados por algunas instituciones del Estado, lejos de indicar una reducción de la violencia contra la mujer, representan un indicio de la falta de canales de atención y de denuncia durante el periodo de cuarentena. Sin acceso a la justicia no es posible hacer efectivos los derechos de las mujeres. Un caso de violencia contra la mujer no da espera, pues corre el riesgo de convertirse en un feminicidio”, aseguró Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link Worldwide.
Las solicitudes
Con base en la información recogida y, teniendo en cuenta que la pandemia aún está lejos de acabarse, las organizaciones le recomendaron al Estado salvadoreño, entre otras cosas:
- Incluir el enfoque de género e interseccional en la respuesta estatal a la crisis; focalizar intervenciones para la prevención y atención de violencias basadas en género; consultar a las organizaciones de mujeres e incluir al ISDEMU en el diseño de lineamientos y políticas.
- Garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean declarados esenciales y se facilite la información y el acceso por los medios que sean necesarios, y asegurar la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
- Ampliar la capacidad institucional para recibir y procesar denuncias de violencia, sin interrupción.
Contacto para prensa
Mercedes Mulato
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
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Sergio Camacho Iannini
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